Comunicado de la Asociación Defensa Jurídica por la anulación de las sentencias franquistas y en apoyo de la concentración convocada ante el Tribunal Supremo (Viernes 17 marzo 2006)
El mantenimiento de la memoria histórica y la denuncia de lo que fue un régimen dictatorial que se mantuvo durante cuarenta años, son elementos inexcusables para el fortalecimiento de una sociedad que desee conocer verazmente su historia y que trate con justicia a todos aquellos que, de forma pionera, lucharon por la libertad.
El mantenimiento de la memoria histórica y la denuncia de lo que fue un régimen dictatorial que se mantuvo durante cuarenta años, son elementos inexcusables para el fortalecimiento de una sociedad que desee conocer verazmente su historia y que trate con justicia a todos aquellos que, de forma pionera, lucharon por la libertad.
Tras la transición española, distintos partidos políticos firmaron un pacto de gobernabilidad y de sostenimento del nuevo estado, un nuevo marco jurídico-legal que encontró su eje fundametal en la Constitución Española. Estos hechos no suponían, de ninguna manera, un acuerdo tácito de “borrón y cuenta nueva”, toda vez que aún entonces (y ahora también) quedaban numerosos asuntos por ser resueltos. Desde entonces, los distintos gobiernos han tratado la lucha por la recuperación de la memoria histórica como una patata caliente y han considerado que el problema de la reparación jurídica y moral de los vencidos y represaliados en el alzamiento fascista (y a lo largo de varias decadas) pudiera ser resulto con un manifiesto de buenas intenciones.
Desde Defensa Jurídica queremos sumarnos a todos y cada uno de los frentes de lucha por la rehabilitación moral y jurídica de los ajusticiados. En especial, en los casos de Granado y Delgado y de Salvador Puig Antich. Sentencias que en su día suponían ya una clara vulneración del derecho de defensa y del irrenunciable derecho a un proceso justo deben ser hoy en día revisadas y, en su caso, anuladas.
Es un sinsentido considerar que un régimen que se implantó mediante un golpe de estado y cuyas sentencias -en los casos que mencionamos- fueron, en primer y último lugar, un ajuste de cuentas y un magno ejercicio de venganza retributiva pueda tener algún atisbo de legitimidad y/o legalidad. La dilapidación de pruebas concluyentes, la mencionada vulneración a un proceso penal equitativo o la imposición de sentencias de muerte son una de las páginas más negras de la historia de este país. Estos hechos no pueden ser omitidos bajo el manido y falso discurso de la lucha fraticida y de ir cerrando heridas. Bajo estos postulados se esconde el interés de ciertos sectores políticos y sociales por dilapidar dichos procesos legales y morales de revisión y reparación, así como por tergiversar la historia de forma que las nuevas generaciones ignoren su misma historia, estigmaticen a quienes aún luchan por esta causa y, finalmente, seamos un pueblo sin memoria ni equidad social. Es por todo ello que EXIGIMOS al gobierno la presentación del anunciado Proyecto de Ley para la Rehabilitación Moral y Jurídica de las víctimas del franquismo, cuyos trabajos preparatorios comenzaron en septiembre de 2004 con la constitución de una Comisión Interministerial. SOLICITAMOS al Tribunal Supremo el reconocimiento de los recursos de revisión presentados por ser de justicia y, finalmente, que acceda a la pretensión de los recurrentes, anulando las sentencias franquistas. ANIMAMOS a todos aquellas asociaciones, grupos, colectivos e individualidades de Madrid para que acudan y se sumen a la concentración que el próximo día 3 de abril a las 11 horas tendrá lugar ante el Tribunal Supremo (Plaza de la Villa de París s/n) convocada por el Grupo pro-revisión del proceso Granado-Delgado. Defensa Jurídica Para más información sobre este caso: http://www.cgt.es/granadoydelgado |
