«El alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, le explicó al presidente Chávez cuál ha sido la voluntad de mi Gobierno para el acuerdo humanitario y, a la vez, le señaló las reiteradas negativas de las FARC al mismo…».

Así explicó el presidente Uribe Vélez su particular punto de vista sobre el calvario del canje humanitario a lo largo de su Gobierno, sólo que en repentino ataque de amnesia, Restrepo olvidó recordar la cantidad de ocasiones en que el Gobierno Nacional ha torpedeado las gestiones de los facilitadores y los avances en ese sentido.

Como gran cosa Uribe Vélez habló del viraje de su Gobierno, pues, recién comenzó, él consideraba que el acuerdo humanitario se podría dar después de un proceso de paz.

Sin embargo, se le «olvidó» decir que tal tarea se le asignó al asesor de paz del Secretario General de la ONU, James Lemoyne, y como éste no aceptó las presiones gubernamentales y la condición de subalterno de Luis Carlos Restrepo, antes de cumplirse el segundo año del Gobierno, se le quitó el respaldo, a la vez que desde la Casa de Nariño sugirieron su cambio. En consecuencia el Secretario General de la ONU prefirió retirarse en las gestiones de buenos oficios para el acuerdo humanitario y la paz en Colombia.

También se le «olvidó» que siempre, a la vez que hace aparentes demostraciones de voluntad para el acuerdo humanitario, ordena los operativos militares de rescate, que ponen en peligro la vida de las personas en cautiverio. Dos situaciones, derivadas de esta política bélica, ha tenido que enfrentar el gobierno de Uribe Vélez, la primera en marzo de 2004, cuando un fallido operativo en Urrao (Antioquia) dejó sin vida al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, al ex ministro de defensa, Gilberto Echeverri Mejía y a seis militares; el segundo fue el 18 de junio de 2007, cuando en circunstancias no aclaradas, pero que se presume fue la acción de grupos irregulares de mercenarios en alianza con el Ejército y los paramilitares, murieron once diputados del Valle del Cauca.

Otras importantes gestiones

También la Iglesia Católica, a través de monseñor Luis Augusto Castro y el padre Darío Echeverri, ha hecho contactos con voceros de la guerrilla, hasta que después de una reunión en Peñas Coloradas, un grupo de asalto de la Policía y el Ejército irrumpió en el lugar para capturar a la guerrillera «Sonia», quien meses después fue extraditada a Estados Unidos. Antes, el dos de enero de 2005, fue detenido en Quito (Ecuador), el guerrillero Simón Trinidad, cuando trataba de hacer contactos con la ONU en misión encomendada por el Secretariado de las FARC, para el canje humanitario. Trinidad sería después extraditado a Estados Unidos.

La extradición de Simón Trinidad y Sonia, así como las condenas en juicios políticos y amañados, se convirtieron, a la postre, en un enorme obstáculo.

El 28 de abril de 2004, tras los acontecimientos de Urrao (Antioquia), los ex presidentes Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay Ayala y Ernesto Samper Pizano, se reunieron en el Hotel Dann Carlton de Bogotá, donde convocaron al Gobierno y a las FARC a suscribir un acuerdo humanitario.

Después les enviarían una carta al presidente Uribe y al comandante de las FARC, Manuel Marulanda, que desató la furia del mandatario, porque «equivale a equipararme con un jefe terrorista». Y en abril de 2004, después de la solicitud de los ex presidentes, el Gobierno Nacional puso en marcha el Plan Patriota, que tenía el declarado objetivo, entre otros, de «rescatar a los secuestrados en el sur del país».

Las mentiras gubernamentales

Varias veces el Gobierno Nacional les mintió a los familiares, al país y al mundo sobre supuestas propuestas enviadas a las FARC a través de facilitadores.

Carlos Lozano, director de VOZ, desmintió a Luis Carlos Restrepo, quien le aseguró en presencia de Uribe Vélez a Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, que él había sido portador de una misiva a las FARC. Otro tanto haría esta organización, el 18 de agosto de 2004, al negar que hubiera recibido una propuesta del Gobierno en pleno desarrollo de la campaña reeleccionista. En 2005 James Lemoyne abandona las gestiones de buenos oficios bajo presión del gobierno de Uribe, precisamente cuando estaba en preparación un encuentro del delegado del Secretario General con Raúl Reyes, al cual se oponía la Casa de Nariño, porque «tenía evidencias que las FARC lo dejarían secuestrado».

Las gestiones de Francia

El vacío de la ONU lo quiso cubrir el gobierno francés, que autorizado por Uribe Vélez, inició contactos con las FARC. Más de cuatro reuniones se realizaron con Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las FARC, y cuando existía el acercamiento para hacerle una propuesta al Gobierno Nacional, de manera inesperada, en agosto de 2005, la cancillería colombiana le envió una nota de protesta al gobierno de Chirac, porque «los contactos con las FARC no estaban autorizados».

Aparece en escena, en 2005, el «Grupo de Países Amigos» (Suiza, España y Francia), que elabora una propuesta en diciembre del mismo año que el Gobierno Nacional divulga antes de ser consultada con el Secretariado de las FARC.
Como le dijo en la época un miembro del Grupo de Países al semanario VOZ: «Uribe quemó la propuesta».

La falacia de Uribe II

Después de la reelección, en agosto de 2006, Uribe dice estar dispuesto al acuerdo humanitario. Algunos analistas hablaron de que Uribe II significaba un viraje nacional. El ocho de octubre de ese mismo año, Luis Carlos Restrepo le asegura a los facilitadores Álvaro Leyva y Carlos Lozano, que el Gobierno está dispuesto al despeje de Pradera y Florida si las FARC aceptan un reglamento de la zona de encuentro. Sin embargo, esa misma noche, tras haber anunciado el acuerdo, el Gobierno se echó para atrás. Ocho días después estalla una bomba de poco poder en la Escuela Superior de Guerra y en el hueco que dejó la explosión el presidente Uribe ordena de nuevo operativos de rescate y suspende todo acercamiento y prohíbe la gestión de los facilitadores.

Como colofón de toda esta tragedia parauribista, estuvo la reciente «liberación» de guerrilleros de las FARC, incluyendo la de Rodrigo Granda, esta última a petición expresa, según se dijo, del presidente Sarkozy de Francia. Aún no se sabe cuántos fueron los guerrilleros liberados, pero no llegan a cien y según se dice continúan recluidos en Chicoral (Tolima). Lo que no ha reconocido el Gobierno es que los «guerrilleros» liberados no son tales, pues se trata de desertores, incluidos en una lista elaborada por Olivo Saldaña, ex guerrillero y ahora colaborador del Ejército. Como era previsible, una lista elaborada en esas condiciones y por decisión unilateral del Gobierno, no podía tener ningún efecto en la guerrilla. Lo de Granda es otra cosa aunque él mismo dijo desde La Habana, la semana pasada, que el Gobierno lo presionó para que liderara la adhesión masiva en las cárceles a la decisión de Uribe Vélez. El Gobierno quería, más para el efecto político, lograr el respaldo masivo de los insurgentes presos a la ley de justicia y paz.

Más que un intento de lograr el canje humanitario, se trató de una jugada política que le salió mal como tantas otras.
Todas las gestiones de los facilitadores, en especial de Lozano y Leyva, fueron hostilizadas por seguimientos de organismos de inteligencia y provocaciones contra ellos.

Incluyendo los calumniosos y aleves señalamientos de Uribe al Director de VOZ, que desató una campaña de solidaridad con éste sin precedentes. Estas anotaciones, incompletas todavía, son parte del «olvido» de Luis Carlos Restrepo en el amañado recuento que le hizo al presidente Chávez de las vicisitudes del acuerdo humanitario.

 

 

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