Análisis de la situación actual en México y en Chiapas (I)
CIEPAC (1 - VIII -07)

Una coyuntura favorable... un arma de doble filo.

A pesar de la represión generalizada, los movimientos sociales en América Latina juegan un papel importante tanto en la resistencia ante el sistema como en la construcción de propuestas que signifiquen cambios estructurales. Este papel lo conocen a la perfección los gobernantes de la izquierda institucional, como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Néstor Kirchner en Argentina y Lula da Silva en Brasil, entre otros, quienes no ignoran que sin el apoyo de estos movimientos no hubieran llegado al poder. De ahí sus políticas de no confrontación, especialmente los dos primeros.

Sin embargo, hoy por hoy, estos movimientos se están limitando a instalar una persona en el poder, a menudo sin cuestionarla (aunque el Movimiento de los Trabajadores Rurales, de los Sin Tierra en Brasil, rompieron con Lula, y Evo ya ha soportado diversas huelgas). El definitivo siguiente paso a menudo se queda en camino: construir una estructura desde abajo, desde la propia organización, para participar, demandar, exigir y ejercer el gobierno desde la base y hasta llegar al nivel más alto, federal o central.

Conociendo este potencial de los movimientos, los gobiernos de izquierda se afierran a los procesos de movilización popular, por un interés de supervivencia en su lucha de cúpulas y, por supuesto, para tratar de neutralizar las protestas contra ellos mismos. Esta situación nos plantea un interrogante sobre la supuesta ideología y práctica de izquierda de estos gobiernos, quienes a menudo no trabajan con y desde la base social que los llevó al poder, sino que gobiernan únicamente desde las estructuras estatales, lo cual supone un venenoso riesgo para los movimientos sociales.

La posibilidad de un verdadero cambio pasaría inevitablemente por la construcción de la autonomía, desde la misma sociedad, aprovechando la nueva coyuntura favorable desde el gobierno, pero incidiendo principalmente en el trabajo de las bases y en la construcción desde ellas. Se presentan, pues, muchos retos para estos movimientos. Elaborar por sí mismos sus proyectos de nación, construir estructuras que puedan controlar efectivamente al gobierno, además de diseñar, impulsar y vigilar todo el proceso. En definitiva, corregir cuando haya que corregir y autorizar y legalizar cuando sea necesario.

El tiempo de establecer nuevas alianzas

Una de las principales debilidades de estos movimientos, a la que se afierran desde siempre las estructuras de dominación para persistir incluso después de un eventual levantamiento, es la inmediatez de sus demandas y sus esfuerzos, perdiendo la visión de un proyecto de nación a largo plazo. En nuestro país conviven estos movimientos inmediatistas (protestas contra el alza de precios, luchas por el poder, etc.), con la iniciativa zapatista de La Otra Campaña, que promueve la construcción de un nuevo México y la elaboración de una nueva Constitución que realmente recoja la voz de los ciudadanos.

Para que un eventual cambio fuese profundo y duradero, por otra parte, sería necesario que los numerosos y potentes movimientos latinoamericanos, como los de Centroamérica, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil... se unieran en sus propuestas y proyectos alternativos, creando -por así decirlo- una confederación de pueblos que fuese capaz de construir y de organizar un nuevo modelo (social, político, económico…) de manera conjunta entre sí e independiente de los gobiernos. De esta manera, si realmente fuera factible, se podría gobernar a la manera zapatista: mandar obedeciendo.

En un contexto de profunda degradación de los poderes locales es necesario ir más allá de las fronteras para construir alternativas concretas. El llamado de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (de la cual CIEPAC es adherente) es claro en este aspecto, y desde La Otra Campaña se están lanzando llamados internacionales de unión de luchas y fuerzas para fortalecer las resistencias y encontrar apoyo mutuo en la construcción de alternativas.

Es un llamado tan sencillo y evidente como difícil y necesario, en un país como México en que los movimientos sociales han tomado fuerza en los últimos años y han producido verdaderos puntos rojos a lo largo de todo el territorio nacional, pero que a la vez han sido incapaces de tejer con eficiencia una red de coordinación y solidaridad entre ellos. El reto, pues, está en cómo coordinarse, cómo multiplicar fuerzas para convertirse en un escudo que resguarde las alternativas que se puedan ir construyendo. No es aventurado afirmar que Oaxaca, de haber recibido un apoyo más amplio y coordinado de los movimientos sociales, podría haber significado el primer paso para un cambio de raíz. Las lecciones que nos dejó este histórico levantamiento, más allá de los relatos épicos o legendarios, no deben caer en suelo muerto.

Precisamente, este esfuerzo por establecer redes de contacto y de solidaridad es la principal línea estratégica que está siguiendo La Otra Campaña, con mayor o menor acierto, con la participación lenta, silenciosa y persistente de los comandantes y comandantas del EZLN por todo el territorio nacional. El objetivo final es la coordinación y convivencia de las diversas formas y expresiones de lucha para, sin hacerse sombra, construir un nuevo modelo, una nueva Nación lo suficientemente cohesionada para resistir los embates de los poderes locales y transnacionales que nunca se hacen esperar.

Pero, ¿qué pasa con La Otra Campaña?

La Otra Campaña (LOC) no está teniendo la fuerza y la respuesta que necesita para ser realmente lo que pretende ser, una herramienta que recoja los descontentos y propuestas de los y las ciudadanas para, con la participación activa de estos, construir otro México, un México donde, más allá de símbolos y banderas, se honre a los mexicanos y las mexicanas. Hoy está lejos de encaminarse hacia este objetivo, está polarizada, no ha llegado a establecer de una manera amplia, profunda y estable, lazos con los demás movimientos.

La Otra Campaña, quizás demasiado a menudo, va a remolque del EZLN, y deberá fortalecer su proceso organizativo si quiere cumplir con sus nobles objetivos fundacionales. El abanico social que comparte las ideas y fundamentos de LOC es mucho mayor del que se ha logrado coordinar hasta el momento, pero quien mejor conoce el verdadero potencial de esta iniciativa es el propio aparato de estado, que ha puesto en marcha un operativo represivo y de intimidación constante en contra de quienes la integran. De esta manera, pese al débil comienzo, nos llega el optimismo en voz de Cervantes y su Quijote: "los perros ladran, luego, avanzamos".

El primer obstáculo que se puede observar en el camino de La Otra Campaña proviene de sus mismos participantes, quizás habituados a acompañar los procesos del EZLN, pero sin participar en la construcción de los mismos -más allá del proceso interno de cada organización o grupo-. El mensaje de los zapatistas ha sido claro y reiterado al respecto, desde hace años y especialmente en su VI Declaración. En cada estado, en cada región, desde cada organización, hay que tomar las riendas para movilizarse, para generar alianzas y alternativas, sin esperar que sean los zapatistas quienes lleven siempre la iniciativa. México es rico en experiencias aisladas exitosas de los movimientos sociales. Aprender de las diferencias y alcanzar la madurez social y política debería ser el reto si se quiere construir conjuntamente "esa otra cosa".

Los esfuerzos de LOC hoy se centran en la defensa del territorio, principal inquietud para las luchas indígenas, pero se están dejando prácticamente de lado otras muchas luchas y otros sectores que se están viendo afectados, principalmente con la reforma de ley del ISSSTE, pero también en otros frentes. La primera etapa de La Otra Campaña quedó ciertamente inconclusa, ¿donde queda el esfuerzo vertebrador de las diferentes formas de lucha? Posiblemente el EZLN se está reposicionando respondiendo al contexto de amenaza militar inminente que supuso la llegada de Calderón a la Presidencia, y no es su papel iniciar una batalla política que afecte a otras luchas. El espíritu de la VI Declaración de la Selva Lacandona supone que sean las mismas organizaciones las que lancen los llamados a la solidaridad, a la movilización, independientemente de lo que haga el EZLN, que por otra parte, respondería al llamado como siempre se ha caracterizado.

Con el recorrido del Delegado Zero se visibilizaron otras muchas luchas que se estaban dando, lo cual significó un avance importante, que fue la toma de contacto entre ellas, pero no hay síntomas de que se esté avanzando en su coordinación. LOC no es todavía un referente lo suficientemente fuerte para aglutinar fuerzas y dar respuesta a todas las ofensivas políticas y represivas que se están dando. En la misma línea, deben trabajarse más las posibles alianzas con otras fuerzas y otros movimientos que están fuertes.

De todos modos, cabe aclarar que las alianzas que busca La Otra Campaña, y que nosotros creemos que son las que necesita México, no pasan por las urnas. No se busca una respuesta en los legisladores, sino en la gente de abajo, que es quien está siendo golpeada paramilitarmente y con las políticas de gobierno. La posición hacia las fuerzas electorales, más allá de las fricciones con unos u otros partidos, es de ninguneo, de deslegitimar, de andar otro camino.

Momento propicio a pesar de la militarización

A pesar de los malos presagios, del lento avance de La Otra Campaña, de la militarización cada vez más sistemática del país, el momento es propicio para hacer frente a las amenazas. Los focos rojos no han sido del todo apagados a pesar de la represión. Incluso en Oaxaca, paralizada y fuertemente dividida desde la atroz represión de hace unos meses, que todavía hoy continúa, de una manera más disimulada, mediante órdenes de aprehensión y preparando un incremento de la PFP y la AFI, dos de los cuerpos policiales con peor reputación entre activistas y defensores de los derechos humanos.

Durante el año pasado se dio un fuerte movimiento de apoyo a López Obrador tras las evidencias de fraude electoral, movimiento legítimo y al que apoyamos por la impunidad que significa para el actual presidente y sus sucesores el saber que las urnas no pasarán factura a sus previsibles excesos. Mas las propuestas de López Obrador son contrarias a La Otra Campaña y a las tesis que hemos tratado de defender a lo largo de este boletín. Reformas constitucionales y ofertas populistas, siempre desde la estructura y participación del PRD, es lo que propone Obrador, aunque ha tratado de disfrazarse bajo siglas históricas y de profundo significado, como la Convención Nacional Democrática, iniciativa que nos atreveríamos a decir que deshonra las anteriores iniciativas que llevaron ese nombre. No hay que olvidar, por lo demás, la recomposición que los arraigados poderes priístas llevan a cabo tanto en el PRD como en el PAN (véase Muñoz Ledo, Manuel Camacho Solís, Jesús Orantes, Roberto Albores y Jorge Constantino Kanter y otros en Chiapas, como el propio Juan Sabines).

Pero no fueron las movilizaciones contra el fraude las únicas destacadas durante el 2006. Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, SICARTSA en Michoacán, los maestros de la CNTE, además de la aparición de nuevas guerrillas que hicieron públicas sus alianzas, encendieron focos rojos de mayor o menor importancia. Sin embargo, en Chiapas, los movimientos sociales no tuvieron posicionamientos fuertes ni una presencia clara, lo cual nos obliga a una reflexión, que abordaremos en el próximo boletín.

No debemos olvidar que existe una coordinación entre 9 grupos armados (Coordinadora Nacional Guerrillera, dada a conocer por ellos mismos), que trata de capitalizar el descontento social. Sin embargo, la sociedad civil que no se moviliza, sí lo hace cuando se trata de condenar la guerra. Esta sociedad civil, que no está de acuerdo con Calderón, con Obrador ni con la lucha armada es la que tiene la llave para transformar el país, y es a quien trata de llegar La Otra Campaña.

En este contexto, la APPO puede estar resurgiendo poco a poco de sus cenizas, pese a los enfrentamientos entre algunas facciones, y es que no hay que olvidar que el movimiento social oaxaqueño que atrajo la atención internacional, no sólo por la represión que sufrió, sino especialmente por su autenticidad, iba mucho más allá de las organizaciones que la integraban. Se ha retomado Radio Universidad y habrá que ver hacia donde se encamina el movimiento una vez pase el ruido ambiente electoral.

La violencia como única respuesta del Estado

Las luchas internas entre diferentes grupos de narcotráfico incrementan de manera espectacular la violencia que sufre la sociedad, dando la excusa perfecta al gobierno para militarizar el país y criminalizar a los movimientos sociales.

Se ha sistematizado la criminalización de los movimientos sociales. Escandalosos juicios acompañan los más atroces operativos policiales, se golpea a la gente de manera descarada. Parece que este sexenio estará decididamente marcado por la represión, con el visto bueno de Calderón, cuyo primer mensaje no pudo ser más claro al mandar encarcelar a aquellos representantes de la APPO a quienes la propia Secretaría de Gobernación había convocado para dialogar. Entre estos representantes se hallaba Flavio Sosa, hoy recluido en el penal de alta seguridad de La Palma por el delito de ser una de las caras más visibles de la APPO.

En Guerrero el mensaje ha sido muy claro, cualquier oposición a la represa La Parota será castigada, mediante "el peso de la ley" o al margen de ella, con detenciones ilegales como la de Rodolfo Chávez Galindo, asesor jurídico del Consejo de Comunidades y Ejidos Opositores a la Parota.

San Luis Potosí también fue escenario de la violencia oficial cuando el pasado mes de mayo fueron detenidos 6 jóvenes que participaban en una marcha de oposición a la Minera San Xavier, mientras que 8 resultaron desaparecidos.*

La respuesta de la CNDH en estas situaciones es cuestionable, por lo que está perdiendo credibilidad. Algunos casos, como el más conocido de doña Ernestina en Veracruz, rayan en niveles de descaro insultante. Por tanto, ante esta impunidad generalizada nos vemos obligados a preguntarnos: ¿hasta cuando las cárceles se seguirán llenando de luchadores sociales? ¿Qué sentido y credibilidad tiene encerrar líderes sociales en cárceles de máxima seguridad?

Estado policiaco. Militarización y paramilitarización

Hay un mensaje muy claro de parte de Calderón: los proyectos seguirán adelante sea cual sea la oposición popular que reciba. Esta estrategia ciega está polarizando el país hasta niveles insospechados, lo cual podría revertirse en cualquier momento y llegar a provocar la caída del Presidente.

Conocedor de su debilidad y falta de legitimidad, el estado ha reactivado durante el último año los grupos paramilitares, con la recurrente intención de generar un clima propenso a una intervención militar. Lejos de innovar estrategias, los pretextos para esta esperada y temida injerencia bélica pueden ser cualquier pleito intercomunitario, el control migratorio, disputas entre grupos de narcotraficantes, etc.

Se está regresando al estilo de los años 90, marcados por una durísima represión paramilitar. Fox cambió el garrote por el caballo de Troya, provocando fuertes divisiones a través de sus programas de gobierno. Calderón ha heredado estos programas, recuperando a su vez el garrote, con lo que ha logrado golpear duro a los movimientos populares. La consolidación de esta doble estrategia pasa por el ataque frontal a las comunidades, ataque advertido por la Comandancia General del EZLN, que ha iniciado el reposicionamiento que antes mencionábamos.

Mientras tanto, el gobierno ha gastado 13 millones de pesos en 3 meses en "gastos para la seguridad pública y nacional" en operativos antinarco. Lo cual, evidentemente, se traduce en la creciente militarización del país, que ya ha despertado las críticas de la comunidad internacional.

El incremento del presupuesto para seguridad pública, el traspaso de 7 mil efectivos de la Marina hacia un nuevo cuerpo policial, el incremento de la militarizada PFP en 11 mil efectivos y los cambios en las dirigencias de los cuerpos policíacos, como comentábamos en la primera parte de este análisis, no hacen sino oscurecer los peores augurios. El objetivo de disminuir la influencia de los movimientos sociales se disfraza de lucha contra el crimen organizado, mientras cada poco se destapan escándalos por sus vínculos con las estructuras de poder.

Legalizar la confrontación

El peligro de militarización del país no es una simple hipótesis alarmista de los movimientos sociales. Actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados la necesidad de modificar la Ley de neutralidad bélica, que impide a México aceptar bases militares de los Estados Unidos, participar en guerras y ceder su espacio aéreo con ese fin. Su reforma abriría el camino definitivamente a la militarización del país.

Por otra parte, las reformas a la Constitución política han suprimido el concepto "represión", con la clara intención de ampliar el manto de impunidad para cualquier operativo policial y militar. En el mismo sentido se encamina la recién aprobada Ley antiterrorismo. Siguiendo los pasos de los Estados Unidos, el difuso y generalizable pretexto de "seguridad nacional" empieza a justificar cualquier abuso y recorte de libertades y derechos fundamentales.

El relanzamiento del Plan Puebla-Panamá como única propuesta de alianzas

Vicente Fox no supo vender el PPP a los mexicanos, por lo que tuvo que esconderlo, borrar de su diccionario esas siglas... que no esas intenciones. Pero pese a desaparecer de la agenda política, los procesos privatizadores continuaron. Hubo un segundo intento por relanzar el plan, pero volvió a ser rechazado gracias al trabajo de seguimiento de muchas organizaciones y a la reciente memoria colectiva. Pese a esto, Calderón fue preparando el terreno desde mucho antes de acceder a la Presidencia, manteniendo reuniones con otros gobiernos y corporaciones con la intención de implantar por la fuerza y de una vez por todas el PPP, fuese cual fuese el costo a pagar.

En este mismo sentido, y con el repetitivo pretexto de la lucha contra el narcotráfico, se está planeando la mejor manera de lograr (y legitimar) una intervención militar de los EEUU en territorio mexicano -de ahí también el interés en reformar la Ley bélica-.

Más allá de los intereses comunes en el PPP, tras la llegada al poder de algunos gobiernos de derecha en la región mesoamericana se está generando una alianza que tratará de hacer frente a la alianza de los gobiernos de izquierda institucional en Latinoamérica. Mientras estos países están cancelando sus deudas con el Banco Mundial y el FMI, impulsando a su vez el Banco del Sur (propuesto por Venezuela) que, lejos de ser una panacea, trata de romper con la subyugación hacia los Estados Unidos y las principales potencias internacionales, el gobierno mexicano aplica ferozmente los reajustes estructurales que le ordenan. Mientras países como Venezuela y Bolivia nacionalizan el petróleo pese a la resistencia voraz de las empresas transnacionales, y tejen nuevas alianzas internacionales, Calderón estrecha los grilletes que lo encadenan al amo estadounidense.

Es una batalla entre lo legal y lo legítimo: Ruptura con el Estado (Por qué se legaliza lo ilegal)

En definitiva, el actual sexenio puede enfrentar de una manera definitiva dos maneras opuestas de entender el poder. Unos ambicionan tenerlo, otros lo ejercen sin tomarlo. Frente al modelo que representa el estado, carente de legitimidad y sostenido únicamente por sus fuerzas de seguridad y por las leyes que él mismo viola, las Juntas de Buen Gobierno zapatistas comparten su experiencia a través de La Otra Campaña, para mostrar que hay otras maneras de hacer política. El principal reto actual es la construcción de instituciones legítimas.

La Iglesia, por su parte, se posiciona claramente del lado del estado, desapareciendo "la opción por los hombres". Está llevando a cabo una inadmisible injerencia, como en la Ley del aborto, tratando de mantener su hegemonía y sus intereses económicos y por controlar a los feligreses. Cabe señalar, a su vez, el valioso y arriesgado trabajo que importantes sectores de las bases de la Iglesia (catequistas, sacerdotes, monjas) llevan a cabo por el respeto a los Derechos Humanos y por la justicia social.

Para finalizar, y sólo como pequeña muestra del descaro extremo al que llega la desigualdad y la hipocresía institucional en México, queremos recordar la cantidad de impuestos que empresas y bancos evadieron el año pasado, cuyas cifras han sido hechas públicas por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin que ningún juez o funcionario público haya tomado medidas al respecto.

(Agradecemos profundamente el apoyo editorial de Roger Rovira)

Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria

 

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