Cuando se cumplen treinta años de la aprobación de la Constitución de 1978, norma que rige nuestro orden presente a nivel institucional, jurídico y territorial, algunos de los resultados del denominado consenso -actitud política que primó en el tránsito de la dictadura franquista a la democracia representativa- empiezan a ser cuestionados públicamente, abriéndose un debate sobre las políticas de la memoria que han sido promovidas desde entonces.